Por Graham Watkins
El “Acuerdo sobre Cambio Climático en París” finalizó en diciembre de 2015. Dicho acuerdo apoya las iniciativas de los países destinadas a reducir las emisiones globales y mejorar las capacidades de planificación e institucionales para la adaptación y resiliencia climática. El acuerdo crea potenciales oportunidades para obtener fuentes adicionales de financiación en condiciones favorables, en particular para apoyar al Séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible que persigue “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”. Esto incluye un mayor porcentaje de energía renovable y ampliación de la infraestructura para la provisión eléctrica. Considerando que el 75% de la energía renovable es generada a partir de fuentes hidroeléctricas, el “Acuerdo sobre Cambio Climático en París”, de hecho, impulsa el crecimiento de dicha fuente de generación eléctrica. Esta decisión de propagar la energía hidroeléctrica ha sido cuestionada en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas, así como desde las perspectivas social, ambiental, y de biodiversidad.
Por ejemplo, un artículo reciente en Science, dirigido por Kirk Winemiller, describe los múltiples efectos que la generación hidroeléctrica posee sobre los hábitats acuáticos. Estos abarcan desde la pérdida de especies endémicas de peces, pasando por los bloqueos críticos a las migraciones de peces, hasta la modificación de las dinámicas del pulso de inundación y de los patrones de sedimentación aguas abajo. Tales cambios ambientales pueden, a su vez, alterar el sustento de grupos humanos vulnerables, afectando a las poblaciones cuya alimentación depende en gran medida de la pesca. Los autores van aún más allá cuando señalan que dados los planes actuales de desarrollo hidroeléctrico, estos impactos serán sustanciales, afectando a tres cuencas hidrográficas críticas repletas de especies endémicas: Amazonas, Congo y Mekong. La construcción de represas en sus ríos disponibles para la generación de energía hidroeléctrica puede proveer una solución a la crisis energética, pero también puede implicar numerosos imprevistos que afecten la seguridad y los medios de subsistencia de comunidades vulnerables.
Los proyectos hidroeléctricos de gran escala son iniciativas que poseen significativos efectos sobre los contextos sociales y ambientales en los que se hallan. No ha de sorprendernos que cada vez más frecuentemente planes y construcciones de represas hidroeléctricas se vean detenidos o demorados por acciones sociales, como en los casos de Belo Monte en Brasil, El Diquis en Costa Rica, y las represas HydroAsen en Chile, entre otras. Hay una creciente resistencia a las grandes represas, en forma similar a la manera en que las comunidades locales y la sociedad civil han reaccionado a las industrias extractivas.
Por lo tanto, uno de los mayores desafíos de desarrollo de este siglo es cómo abordar el dilema que plantea la necesidad de generar más energía “renovable” y al mismo tiempo hacer frente a los inevitables y considerables impactos de las grandes represas. De seguro no soy el primero, ni el último, en sugerir que la solución se encuentra en (1) decidir construir el proyecto correcto en el sitio adecuado y (2) construir y operar el proyecto correctamente.
Construir el proyecto correcto en el sitio adecuado implica asegurarse de que la decisión de montar un proyecto hidroeléctrico ha sido tomada tras considerar cómo ese proyecto y los otros ya existentes y/o previstos afectarán al sistema socio-ambiental. En última instancia, este proceso de planificación requiere tener en cuenta una serie de factores tales como necesidad de generación eléctrica y capacidad de transmisión y distribución, a la vez que debe considerar los riesgos sociales y ambientales que surgirán localmente y a nivel de la cuenca, al igual que cuestiones tales como la resiliencia al cambio climático. Una medida de planificación que se ha establecido de manera experimental como parte de los proyectos hidroeléctricos Reventazón en Costa Rica y Chaglla en Perú, es la de garantizar la protección de “ríos intactos” al establecer compensaciones acuáticas relacionadas con los impactos residuales de la represa.
Esto significa que al construir centrales hidroeléctricas, el río asociado al proyecto debe mantenerse “intacto” o libre de barreras hidroeléctricas para permitir las migraciones de peces y la preservación de las especies que sean afectadas por la nueva represa. Por ejemplo, en Costa Rica, el río Parismina será protegido del establecimiento hidroeléctrico como parte del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón. De hecho, Costa Rica ha ido más allá aún, cuando el presidente declaró a los ríos Savegre y Pacuare libres de desarrollo hidroeléctrico en un marco más amplio del desarrollo hidroeléctrico del país. En un mundo ideal, todos los países optarían por concentrar a sus represas hidroeléctricas en aquellos ríos en los que produzcan el menor impacto ambiental y social, manteniendo a los ríos de mayor valor social y ecológico libres de generación hidroeléctrica.
Una vez que un proyecto se ha ubicado, existe también una creciente cantidad de herramientas para apoyar a que su construcción y operación se lleven a cabo de la manera adecuada. Dada la complejidad que conlleva un proyecto hidroeléctrico, las evaluaciones de impacto ambiental tradicionales pueden resultar insuficientes a la hora de identificar y gestionar impactos y riesgos. Consecuentemente, herramientas tales como las evaluaciones de impacto ambiental acumulativo, evaluaciones de impacto que abarcan la diversidad biológica y herramientas de evaluación de sostenibilidad tales como el Protocolo de Evaluación de Sostenibilidad Hidroeléctrica se utilizan cada vez más a menudo para medir y elevar la sostenibilidad de los proyectos. En última instancia, la planificación hidroeléctrica mejorada aguas arriba incluirá tanto la planificación integrada tanto a escala de cuenca como nacional, y diseños mejorados que amplíen la gestión de los impactos ambientales y sociales en los proyectos.